El Compliance puede entenderse como “una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras, o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos “leyes, reglas y estándares”)”. (Comité de Basilea).
No cabe duda que una de las principales preocupaciones de quienes dirigen u ocupan puestos de responsabilidad en una empresa (con independencia de su tamaño) es que la misma se vea expuesta a las consecuencias que puede conllevar el incumplimiento de las leyes, regulaciones o las normas que le afectan, por parte de su organización o de su entorno.
Con los Programas de Cumplimiento Normativo o Programas de Compliance las empresas se dotan de procedimientos adecuados que les permiten prevenir, detectar y establecer acciones ante incumplimientos legales y de normativa interna, mitigando así el riesgo de ser sancionado o perder su reputación.
La implantación de estos programas dependerá del tamaño de la entidad, del sector en el que actúe y de su estructura organizativa, de ahí que deba adecuarse a cada caso.
Como puede verse la función de Compliance debe tener como objetivo final la implantación de una “cultura de cumplimiento” en toda la organización, aunque es en el aspecto penal y a raíz de la aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas donde las empresas han puesto el foco ante el riesgo de ser responsables de la comisión de un delito en su seno o el entorno con el que actúa (proveedores, subcontratas, personal externo, etc.), y la posibilidad de eximirse de esta responsabilidad penal mediante la implantación de modelos de prevención penal corporativos de delitos.