Servicios Compliance

El Compliance puede entenderse como “una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras, o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos “leyes, reglas y estándares”). (Comité de Basilea).

No cabe duda que una de las principales preocupaciones de quienes dirigen u ocupan puestos de responsabilidad en una empresa (con independencia de su tamaño) es que la misma se vea expuesta a las consecuencias que puede conllevar el incumplimiento de las leyes, regulaciones o las normas que le afectan, por parte de su organización o de su entorno.

Con los Programas de Cumplimiento Normativo o Programas de Compliance las empresas se dotan de procedimientos adecuados que les permiten prevenir, detectar y establecer acciones ante incumplimientos legales y de normativa interna, mitigando así el riesgo de ser sancionado o perder su reputación.

La implantación de estos programas dependerá del tamaño de la entidad, del sector en el que actúe y de su estructura organizativa, de ahí que deba adecuarse a cada caso.

Como puede verse la función de Compliance debe tener como objetivo final la implantación de una “cultura de cumplimiento” en toda la organización, aunque es en el aspecto penal y a raíz de la aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas donde las empresas han puesto el foco ante el riesgo de ser responsables de la comisión de un delito en su seno o el entorno con el que actúa (proveedores, subcontratas, personal externo, etc.), y la posibilidad de eximirse de esta responsabilidad penal mediante la implantación de modelos de prevención penal corporativos de delitos.
Con la reforma del Código Penal del año 2015 se prevé que la persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad si puede acreditar, entre otros requisitos, haber “adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” (Art. 31 bis del Código Penal)

Se abre así la posibilidad de que cualquier empresa pueda beneficiarse de una eximente ante la comisión de alguno de los siguientes 26 delitos si es capaz de acreditar que ha implantado un programa de prevención o de reducción del riesgo de comisión de delitos:

1. Tráfico ilegal de órganos humanos. 14.  Delitos de construcción. edificación y urbanización ilegal
2. Trata de seres humanos 15. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores. 16. Delito de exposición de personas a radiaciones ionizantes.
4. Descubrimiento y revelación de secretos. 17. Delitos de riesgo provocados por explosivo.
5. Delito de estafa. 18. Delitos contra la salud pública.
6. Frustración de la ejecución. 19. Delito de falsificación de moneda.
7. Insolvencias punibles. 20. Falsedad en medios de pago
8. Daños informáticos. 21. Cohecho.
9. Delitos contra la propiedad intelectual e industria, al mercado y a los consumidores. 22. Tráfico de influencias.
10. Blanqueo de capitales. 23. Corrupción de funcionario extranjero
11. Delito de financiación ilegal de los partidos políticos. 24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas –xenofobia-.
12. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 25. Financiación del terrorismo
13. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 26. Delito de contrabando.


Por tanto, mediante la implantación de Programas de Compliance la persona jurídica declarada responsable penalmente puede evitar la sanción penal, que puede consistir en una multa, la inhabilitación para obtener subvenciones ayudas públicas, la suspensión de actividades, la clausura de sus locales o la prohibición temporal o definitiva de actividades, la intervención judicial e incluso la disolución (“pena de muerte”).
OB Abogados y Compliance asesora a sus clientes en la implantación o mejora de programas de Compliance:

  1. Mapa de riesgos: permite identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Protocolo de toma de decisiones: Establecimiento de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución en las mismas con relación a aquéllos. (Código de Conducta, normativas y planes de formación en cumplimiento).
  3. Modelo de gestión de los recursos financieros: Disposición de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  4. Canal ético: Imposición de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención (canales de denuncia o whistleblowing, sanciones y resultados de evaluaciones)
  5. Sistema disciplinario: Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente cualquier incumplimiento. (Estatuto de los trabajadores y Convenios vigentes)
  6. Verificación periódica: Realización de una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios
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